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La instalación de sistemas de videovigilancia en la nueva Ley de Seguridad Privada

El pasado 21 de junio se hizo público el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, que derogará a la antigua Ley del año 92.

Se trata de una actualización normativa necesaria, ya que nos encontrábamos con una regulación preconstitucional y dispersa en muchos aspectos, no adecuada a los cambios tecnológicos y a la madurez del sector de la seguridad.

Además, resultaba conveniente coordinar la regulación del sector con la regulación operada por la Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), cuya finalidad es la de liberalizar determinadas actividades profesionales, afectando de forma colateral al ámbito de la seguridad privada.

El proyecto de ley hace hincapié en el interés público de este sector, su papel constitucional y la subordinación-coordinación respecto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En lo que afecta a los prestadores de servicios de seguridad privada, que han proliferado en los últimos meses sobre todo en relación con la videovigilancia, la nueva ley pretende evitar situaciones que den lugar a intrusismo profesional. En principio, en este aspecto hay poca novedad, puesto que básicamente nos quedamos igual que antes, con las modificaciones que operó la Ley Ómnibus en la Ley de Seguridad privada del 92.
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Créditos: mathplourde

El traslado de documentos de nivel alto: medidas de seguridad

Normalmente son los grandes olvidados, los ficheros manuales o “no automatizados”, es decir, nuestros expedientes, facturas, albaranes, etc., por regla general en formato papel.

Hay que tener presente que el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establece medidas de seguridad para este tipo de soportes, al igual que lo hace para los ficheros automatizados o informáticos.

No suele haber problema cuando dicha documentación se encuentra dentro de nuestras oficinas o despachos, ya que solemos tener un control absoluto y directo sobre la misma. Pero, en cambio, no ocurre lo mismo durante el muchas veces obligado desplazamiento o traslado de documentación.

Resulta habitual ver como asesores, gestores, abogados o procuradores portamos nuestros expedientes carpeta en mano, dejando a la vista datos personales y otros detalles (también muy personales) de nuestros clientes.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que el artículo 114 del Reglamento de desarrollo de la LOPD establece, para los ficheros de nivel alto, lo siguiente:

Artículo 114. Traslado de documentación.

Siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un fichero, deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación de la información objeto de traslado.

Lógicamente, esas medidas dirigidas a impedir el acceso, incluyen el acceso visual.

Para solventar la cuestión, la tecnología actual nos brinda diversas posibilidades entre las que destaco, por su facilidad de uso y versatilidad, la utilización de códigos QR.
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